El diputado provincial del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, presentó un pedido de informe en la Legislatura de Jujuy para investigar posibles irregularidades en el funcionamiento del PAMI local, en el marco de una denuncia que salpica al diputado nacional Manuel Quintar y a su entorno familiar. El planteo apunta a esclarecer contrataciones, vínculos empresariales y el destino de prestaciones médicas, en un contexto que el legislador calificó como “grave”.
“Nos parece algo serio, que no puede ser tomado a la ligera, sino que se tiene que actuar de oficio”, sostuvo Vilca en diálogo con el periodista Marcos Huanca de Sky FM, al explicar los motivos de la iniciativa. Según indicó, las sospechas surgieron tras declaraciones del vocero del gobierno provincial, quien “dejó deslizar que se estaban realizando negocios particulares” dentro del PAMI, con posibles vínculos con el diputado libertario.
El pedido de informe busca determinar “quiénes son los prestadores del PAMI, los montos y tipo de contratos que se realizan y quiénes son los dueños de las empresas”, detalló el legislador. En ese sentido, remarcó que también se pretende esclarecer la relación entre la obra social y la clínica Los Lapachos, vinculada a la familia Quintar.
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Vilca advirtió sobre la gravedad institucional de la situación: “Si habría un negocio dentro del PAMI que beneficie a una familia o a alguien del poder político, tendría que por lo menos investigarse”. Y agregó: “No se puede permitir que se siga haciendo negocio con la necesidad de los jubilados”.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación, según explicó, es la posible existencia de vínculos entre funcionarios del PAMI y el sector privado. “Un empleado que dependía de la clínica Los Lapachos pasó a administrar el PAMI: lo mínimo es raro”, señaló, en referencia al actual director local del organismo. Además, mencionó que existirían “cooperativas que funcionarían dentro del PAMI y que tendrían vínculos con la pareja del diputado Quintar”, lo que calificó como “grave”.
El legislador también puso el foco en el impacto que estas presuntas irregularidades podrían tener sobre los afiliados. “Hoy lo que todo jubilado vive es que la obra social está paralizada, con menos prestaciones y cada vez más deficitaria”, afirmó. En esa línea, denunció que “muchos tienen que recurrir al sistema público o pagar costos extras porque el PAMI no responde”.
“Siempre el que sufre las consecuencias son los jubilados”, insistió Vilca, al tiempo que vinculó esta situación con el contexto nacional: “Han sido objeto de ataques con el congelamiento de ingresos y la pérdida de beneficios”.
Si bien aclaró que aún no hay denuncias formales de prestadores por competencia desleal, reconoció que existe un “manejo cerrado” del sistema: “Muchos no denuncian porque tienen deudas y temen no cobrar”.
Finalmente, Vilca convocó a afiliados y organizaciones a aportar información: “Si hay irregularidades, es el momento de que los jubilados se acerquen y hagan sus reclamos”. El pedido de informe, de ser aprobado, será elevado al PAMI nacional y al Ministerio de Salud, organismos que deberán responder sobre el funcionamiento del sistema en la provincia.
“Esto tiene que quedar claro y transparentarse. No podemos permitir que se juegue con la salud de los sectores más vulnerables”, concluyó.
