Organizaciones de derechos humanos cuestionan una “participación pública ficticia” y señalan vínculos políticos detrás de la designación.
Una fuerte denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de designación de un nuevo integrante del Comité Provincial de Prevención contra la Tortura sacude a la Legislatura jujeña. La referente de Argentina Humana, Daniela Jaled, criticó duramente la “falta de transparencia” y el “manejo arbitrario” en la elección, tras una sesión “exprés” que —según señaló— duró apenas seis minutos.
“Fue una sesión exprés, en donde además otros diputados y diputadas se abstuvieron de votar porque no existían argumentos. Simplemente estaban completando la banca para asegurarle un cargo a alguien, pareciera”, cuestionó Jaled en diálogo con SkyFM 106.1.
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La audiencia pública, realizada el 17 de octubre en el Salón Marcos Paz de la Legislatura, debía permitir la exposición de las dos candidatas al cargo, entre ellas Fabiola Suárez, respaldada por numerosos organismos sociales y de derechos humanos. Sin embargo, la dirigente denunció que los medios de prensa no fueron autorizados a ingresar, ni se difundió la transcripción de lo tratado.
“No permitieron ingresar a los medios de prensa ni se tuvo la transcripción de lo allí tratado. Fue todo muy cerrado, una participación pública ficticia, como un circo”, afirmó Jaled, agregando que esta práctica “desalienta la confianza en las instituciones y en la democracia”.
Según la referente, la designación favoreció a una candidata “cuestionada por sus vínculos políticos” y que no contaría con la trayectoria social requerida por el Comité.
“El Comité prevé una persona de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos. Fabiola Suárez era la mejor candidata por su trabajo con personas privadas de la libertad, familias vulnerables, niños y adolescentes. No entendemos el argumento de la designación”, sostuvo.
Desde Argentina Humana y otras organizaciones se presentaron pedidos de audiencia y notas formales a las comisiones legislativas de Derechos Humanos y Asuntos Institucionales para exigir explicaciones.
“Nos hacen hacer todo un trabajo institucional de trámites, argumentación y acompañamiento, y después definen en seis minutos. Pareciera que los derechos humanos fuesen un trámite más”, denunció la militante.
La falta de acceso público a la documentación oficial y la ausencia de mecanismos de revisión generan preocupación en los espacios que participaron del proceso.
“Estamos averiguando los pasos que restan y pedimos que nos den curso para expresar nuestros argumentos. La gente termina descreyendo de las instituciones cuando ve que quien tiene el poder hace lo que quiere”, advirtió Jaled.
Finalmente, la dirigente amplió su análisis a la coyuntura política provincial, señalando que el oficialismo jujeño continúa repitiendo prácticas antidemocráticas pese a la derrota electoral.
“A pesar de esta derrota, continúan las irregularidades en la Legislatura. Es una falta de respeto al pueblo jujeño y al trabajo de quienes realmente defendemos los derechos humanos hoy, no hace 40 años”, sentenció.
La polémica designación abre un nuevo frente de críticas hacia el manejo institucional en Jujuy y reaviva el debate sobre la independencia real del Comité contra la Tortura, un organismo clave para el control del sistema penitenciario y la protección de los derechos humanos.
