Por Natalia Morales (Diputada del FIT)
Ante la elección de la integrante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, quiero dar cuenta de procedimientos anti democráticos y no participativos que ponen dejan en evidencia el accionar del oficialismo de la UCR y su rol en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.
En la provincia de Jujuy se conformó por Ley 6.137 del año 2019, el Comité Provincial Contra la Tortura en consonancia con la existencia del Comité Nacional. El mismo tiene el objetivo de garantizar derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrados por los Artículos 18 y 75 Inciso 19 de la Constitución Nacional, por Convenciones incorporadas a la Constitución Nacional en el Artículo 75 Inciso 22, Ley Nacional N° 25.932, Ley Nacional N° 26.827 y otros tratados internacionales.
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El Comité además cuenta con un Consejo Consultivo Interinstitucional cuya función es asistir al Comité elaborando recomendaciones, acciones y políticas de prevención. Por Ley el Comité está integrado por 3 representantes, 1 propuesto por el ejecutivo, 1 por el Legislativo y 1 de a propuesta de las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos.
A propósito de la elección del miembro del Comité que representaría a los organismos de Derechos Humanos quiero dar cuenta cómo diputados del oficialismo que integran la Comisión de Derechos Humanos llevaron adelante la elección.
Durante todo el procedimiento llevado adelante para la selección, estipulado por la Ley 6.137, la presidenta de la Comisión, Agustina Guzmán, con el aval del resto de las autoridades de la misma procedieron de forma antidemocrática y no participativa.
1) Desde el mes de agosto hasta octubre, se convocaron a reuniones de Comisión para avanzar en el procedimiento estipulado por ley que tuvieron carácter informativo, algunas sin quórum (donde las firmas las consiguieron posteriormente) y fueron exprés: 13/8 (convocatoria postulantes de la CPT), 30/9 (fecha para establecer convocatoria de Audiencia Pública), 15/10 (definición de Autoridades de Audiencia Pública y funcionamiento: en la misma ante la falta de quórum me niego a firmar dictamen hecho de antemano) y 29/10 (elección de postulante).
2) En la Audiencia Pública (17/10) prevista para que postulantes puedan exponer al respecto, además de que puedan hablar personas de la sociedad civil inscriptas para la audiencia, las autoridades de la Audiencia, diputada Agustina Guzmán, negó mi pedido de palabra para hacer preguntas a las candidatas, como también expresar comentario vinculado a la temática, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, no garantizando el Art.12 del Reglamento de la Audiencia Pública que menciona: que la autoridad de la misma debe “otorgar el uso de la palabra a los participantes y moderar el desarrollo de la Asamblea”.
3) La reunión de Comisión para elegir Postulante (29/10) tuvo un tratamiento exprés en menos de 6 minutos (quedó sentado en el registro de asistencia que la reunión convocada a las 10 h finalizó a las 10.06 h). Al llegar a la Comisión, la presidenta levantó la reunión, los diputados de oficialismo se retiraron, a pesar de mi planteo de poder desarrollar la reunión, dejando en evidencia que no había ningún interés en algún tipo de intercambio, negando mi derecho a expresar una opinión, planteo democrático, en relación a la elección de candidato para integrar el Comité Contra la Tortura y manifestó que “como bloque tenían definido a quién elegir”.
4) Hasta el día de la fecha no hubo informe de la presentación de la Audiencia Pública tal como manifiesta el Reglamento mencionado en su Artículo 18 “en plazo de 5 días hábiles de la finalización de la Audiencia Pública se elaborará un informe de cierre con los resultados de la misma.” Es más, hay que manifestar que quienes eligieron de forma exprés, mayoritariamente no estuvieron presentes en la Audiencia Pública.
Si bien el procedimiento continúa ya que el dictamen tiene que pasar por la Comisión de Asuntos Institucionales y luego ser ratificado en sesión, es necesario marcar cómo desde el origen se procede de forma antidemocrática y rápida para la designación de quien tuviera que ocupar un cargo dentro del Comité Provincial Contra la Tortura, por parte de organismos de Derechos Humanos, que merecería otro tipo de tratamiento, sin que esté marcado por la censura y la negación de palabra. El funcionamiento de esta Comisión tendría que ser ejemplo de un accionar democrático y participativo velando por todo tipo de derechos.
¿Por qué la UCR actúa así?
Los procedimientos mencionados, sólo dejan a la vista, que desde el oficialismo, no hay ninguna intención de que diputados de la oposición, podamos expresarnos ni emitir una opinión que cuestione el accionar del Estado y del Gobierno en esta materia, y se valen de la mayoría absoluta que tiene para proceder de la manera descripta.
Para esta instancia, hubo dos inscriptas para ocupar el cargo, Soledad Villada, y Fabiola Suarez, referentes de la lucha contra la impunidad de la última dictadura militar y de la lucha por los derechos democráticos.
En esta provincia junto a las organizaciones y diversos organismos de Derechos Humanos, locales y nacionales, venimos acompañando e interviniendo en múltiples ejemplos de casos de detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles. De hecho varios referentes/as lo expresaron en la Audiencia Pública realizada (que tendría que estar expresado en el informe).
El asesinato de Ariel Valerian, tras ser detenido por la policía de Jujuy durante la pandemia, detenciones de: estudiantes del Ceijas, en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía, de los tuiteros que denunciaron tortura dentro del penal Gorriti, durante la lucha contra la Reforma, donde la misma Legislatura funcionó como lugar de detención, tras desalojos y detenciones a integrantes de comunidades indígenas como Cueva del Inca, represión y detenciones en el Barrio Campo Verde, detenciones en barrios pobres, motines y asesinatos dentro de penales, son algunos ejemplos que hemos seguido con preocupación, integrando coordinadoras para valer los derechos humanos de esas personas, y que están expresados en informes de Comités nacionales e internacionales que estuvieron en la provincia para recabar información al respecto.
Como mencionaron referentes de Derechos Humanos en la Audiencia Pública, el procedimiento de elección de integrantes de los organismos de DDHH para ocupar el Comité promovido desde el Estado, es indirecto. La Audiencia Pública no es vinculante, y son los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y de la Legislatura -que mayoritariamente no asistieron a escuchar a candidatas, a referentes de diversos organismos y organizaciones de DDHH, que se expresaron a favor de Fabiola Suárez, por su trayectoria indiscutida en materia de detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y torturas- quienes eligen postulante. Sumado a eso, dentro del Comité, el/la representante elegido/a, es minoría ante el mismo, que tiene representante Legislativo y del Ejecutivo.
Si bien la existencia de este tipo de comités, producto de la lucha de quienes defendemos los derechos humanos en todo el país, puede jugar un rol en materia de denunciar situaciones de detención arbitraria, ilegales y crueles, el procedimiento y mecanismo descripto, deja en evidencia que no hay ningún tipo de interés que pueda cumplir esa función, que esté la persona más adecuada y referenciada en materia, elegida por los organismos de derechos humanos con los que constantemente estamos interviniendo en el tema. Y más bien, apura cumplir con la formalidad que le compete y dar la espalda a quienes argumentaron y desarrollaron fundamentos en la Audiencia Pública.
Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Jujuy, y desde nuestro bloque el PTS FITU tenemos presente que es el Estado provincial y nacional el que impulsa como política la criminalización de las libertades democráticas y protesta, los tratos crueles e inhumanos, hoy, incluso estipulado por la nueva constitución provincial, denunciada por antidemocrática, por haber sido aprobada sin legitimidad con represión, detenciones, torturas y criminalización. Dado los hechos descriptos, queda claro que son los espacios que surgieron y se mantienen de forma independiente del Estado, los que han jugado y juegan un rol clave para enfrentar las mismas políticas de Estado.
Fuente: La Izquierda Diario
