La diputada provincial del Frente de Izquierda advirtió que la iniciativa impulsada por el oficialismo contiene un artículo que, según su interpretación, podría utilizarse para limitar las críticas contra funcionarios públicos. También reclamó un debate profundo en comisiones y garantías para proteger el trabajo periodístico y las expresiones en redes sociales.
La diputada provincial del Frente de Izquierda, Natalia Morales, cuestionó el proyecto de ley de violencia digital presentado por el oficialismo en la Legislatura de Jujuy y advirtió sobre los riesgos que, a su entender, podría representar para la libertad de expresión, el debate político y el ejercicio del periodismo.
Durante una entrevista radial con el programa «La Mañana» de SKY FM 106.1 MHZ, la legisladora sostuvo que la iniciativa todavía no había tomado estado parlamentario y que, por lo tanto, no había sido debatida formalmente en comisiones. Sin embargo, manifestó su preocupación por uno de los artículos del texto, al considerar que podría habilitar interpretaciones que afecten a quienes cuestionan las decisiones de los funcionarios públicos.
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“Lo que nos parece preocupante es que el proyecto también incorpora un artículo que podría usarse en contra de quienes puedan expresarse libremente y puedan hacer mención al accionar de algún funcionario”, afirmó Morales.
La diputada puso el foco en la necesidad de diferenciar las situaciones de hostigamiento, amenazas y otras formas de violencia que pueden producirse en entornos digitales de las expresiones críticas dirigidas contra quienes ejercen responsabilidades políticas.
En ese sentido, cuestionó que una herramienta legislativa destinada a combatir la violencia en las redes sociales pueda terminar siendo utilizada, según advirtió, para restringir opiniones incómodas para el poder político.
La advertencia por los antecedentes en Jujuy
Morales vinculó sus cuestionamientos con el caso de los denominados “tuiteros presos” por expresiones en redes sociales, al que mencionó como un antecedente que debe tenerse en cuenta al analizar cualquier iniciativa que pueda incidir sobre la libertad de expresión.
“Porque no podemos permitir que suceda lo que sucedió con los tuiteros presos por expresarse en las redes sociales”, expresó.
La legisladora también cuestionó el posicionamiento que atribuyó al oficialismo radical y sostuvo que el proyecto podría abrir la puerta a restricciones sobre las manifestaciones relacionadas con las responsabilidades políticas de los funcionarios.
En esa línea, afirmó que existe una “delgada línea” entre sancionar conductas que constituyen violencia digital y afectar el derecho de la ciudadanía a expresar sus opiniones sobre las decisiones gubernamentales.
“Hay un punto importante para poder analizar y que se pueda abordar con la complejidad que necesita y el tiempo que sea necesario este tipo de proyectos”, remarcó.
Preocupación por el ejercicio del periodismo
Otro de los aspectos que destacó Morales fue el posible impacto de la iniciativa sobre los trabajadores de prensa que investigan a funcionarios, difunden denuncias o publican información de interés público que genera controversias.
La diputada mencionó el caso de la periodista jujeña Mariana Mamani, a quien vinculó con un episodio de amedrentamiento en su domicilio, y sostuvo que situaciones de esa naturaleza deben ser consideradas al evaluar las garantías necesarias para el ejercicio de la actividad periodística.
“Una herramienta de esta magnitud, en el caso de que avance, puede llegar a incidir y afectar la libertad de expresión y el trabajo periodístico, lo cual es bastante grave”, advirtió.
Morales señaló que los periodistas cuentan con garantías constitucionales para ejercer su profesión y consideró que la Legislatura debe preservar esos derechos, especialmente cuando se difunden investigaciones, denuncias o cuestionamientos vinculados con la gestión pública.
La preocupación planteada por la legisladora se centra en evitar que una denuncia por violencia digital pueda convertirse en un mecanismo de presión contra periodistas, comunicadores o ciudadanos que expresan críticas políticas.
Reconoció que la violencia digital es una problemática real
Pese a sus objeciones, Morales reconoció que las redes sociales constituyen un ámbito en el que se producen diferentes formas de violencia y consideró necesario discutir políticas de prevención y herramientas adecuadas para abordar esas situaciones.
“Lo que sí es cierto es que en las redes sociales se ejercen distintos tipos de violencias, y eso existe y es necesario poner sobre la mesa qué herramientas son necesarias para el abordaje y, sobre todo, la prevención”, señaló.
No obstante, insistió en que el reconocimiento de esa problemática no debe justificar disposiciones que puedan afectar derechos fundamentales o permitir interpretaciones discrecionales por parte de quienes ejercen el poder.
Consultada sobre las modificaciones que propondría el Frente de Izquierda para acompañar la iniciativa, Morales aclaró que todavía no contaba con un análisis definitivo del proyecto que le permitiera precisar cambios concretos.
“Tenemos que analizar, como te digo. El proyecto no tomó ni siquiera estado parlamentario”, manifestó.
Reclamo de debate en comisiones
La diputada consideró que el tratamiento legislativo debe permitir la participación de las distintas posiciones políticas y un análisis detallado de los alcances de cada artículo, antes de avanzar con una eventual aprobación.
“Sería muy importante que se pueda dar tratamiento en comisiones para expresar las distintas posiciones y que quede más claro cuál es el objetivo del proyecto”, sostuvo.
Además, señaló que el bloque de izquierda podría emitir un pronunciamiento una vez que profundice el estudio de la propuesta, aunque evitó anticipar si acompañará la iniciativa o impulsará modificaciones específicas.
En una provincia donde las redes sociales se consolidaron como un espacio para denunciar problemas, cuestionar decisiones gubernamentales y exigir respuestas a los funcionarios, la discusión plantea un desafío legislativo: establecer mecanismos efectivos contra la violencia digital sin generar restricciones indebidas a la libertad de expresión.
La postura de Morales anticipa un posible foco de controversia durante el debate parlamentario. Mientras la violencia digital requiere respuestas y medidas de prevención, la legisladora advierte que la redacción de la futura norma deberá ofrecer garantías claras para impedir que su aplicación termine afectando a quienes fiscalizan al poder político o ejercen el derecho a la crítica.
