La diputada provincial del Frente de Izquierda, Natalia Morales, cuestionó el operativo de desalojo realizado en la comunidad indígena de Santa Rosa de Humahuaca y aseguró que hubo personas heridas, detenidas y viviendas destruidas. La legisladora anunció además la presentación de un pedido de informes para determinar responsabilidades y conocer cómo se desarrolló el procedimiento policial.
Morales sostuvo que, según los relevamientos realizados, “hubo por lo menos 10 heridos de distintos niveles con balas de goma” y señaló que también se registraron detenidos durante el operativo. “Por lo menos 8 detenidos que estuvieron hasta las 11 de la noche ese día, producto de este accionar”, afirmó en una entrevista radial por SKY FM 106.1 MHZ.
La diputada cuestionó especialmente el uso de armas menos letales durante el procedimiento y aseguró que se habrían registrado disparos a corta distancia. “Todos esos elementos muestran que se ha violado el protocolo que están establecidos cuando se usa armas letales por parte de las fuerzas policiales”, manifestó.
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Denunció la destrucción de viviendas
Uno de los aspectos que Morales consideró más graves fue la situación en la que quedaron las familias tras el desalojo. Según indicó, las viviendas fueron destruidas y varias personas quedaron sin un lugar donde permanecer.
“Y la destrucción total de las viviendas donde vivían estas familias que de hecho ahora, hay que decirlo, están en las calles”, sostuvo la legisladora, quien consideró que este hecho constituye una consecuencia directa del operativo.
También hizo referencia a la presencia de mujeres, niños y adultos mayores durante el procedimiento. “Había muchas madres con menores de edad y que estaban ahí porque estaban defendiendo su vivienda”, explicó.
De acuerdo con su relato, el despliegue policial generó situaciones de desesperación entre los menores. “Muchos niños y jóvenes salieron corriendo, se fueron para el cerro, a las casas de los vecinos por el estado de desesperación de estar viviendo esa situación que es violenta por donde se lo miren”, afirmó.
Pedido de informes sobre el operativo
Morales informó que presentó un pedido de informes en la Legislatura para conocer detalles sobre el procedimiento y determinar las responsabilidades correspondientes.
“Nosotros vemos que es nuestra responsabilidad y obligación que tengan que responder sobre los responsables del operativo, quiénes estuvieron presentes, cuántos efectivos estuvieron presentes, quiénes dispararon de la manera que dispararon, qué acciones se están tomando en relación a los protocolos establecidos”, explicó.
La diputada también cuestionó el accionar de organismos vinculados a la protección de niños y familias y reclamó conocer qué intervención tuvieron durante el operativo.
“Si hubo presencia están avalando, lo cual es mucho más grave por todo el hecho que ha sucedido. Nadie puede permitir o avalar que ese accionar está bien”, sostuvo.
Cuestionamientos a la actuación judicial y policial
La legisladora afirmó que, de acuerdo con lo planteado por integrantes de la comunidad, existían antecedentes y documentación que acreditaban la pertenencia de las tierras al territorio comunitario.
“Lo que ha denunciado la comunidad es que la situación era evitable, porque de hecho habían presentado pruebas que daban cuenta de que viven en tierras de la comunidad”, indicó.
Morales apuntó además contra el juez Calderón, a quien responsabilizó de haber dispuesto el procedimiento, y mencionó las declaraciones del secretario de Seguridad, Urquiola, quien habría señalado que las fuerzas policiales actuaron por orden judicial.
“Ellos procedieron por orden judicial, incluso a modo de auxilio judicial, lo cual más que auxilio, fueron protagonistas de este accionar represivo rechazado masivamente”, cuestionó.
Acusó falta de respuestas y cuestionó a otros bloques
La diputada también reclamó explicaciones formales al Ministerio de Seguridad y al Poder Ejecutivo provincial. “Tendrían que dar explicaciones formalmente de lo que están afirmando, porque están violando protocolos y accionaron de forma ilegal”, sostuvo.
Respecto del tratamiento del tema en la Legislatura, Morales afirmó que no encontró acompañamiento de otros bloques para cuestionar el operativo. “El resto de los bloques salieron a legitimar la represión”, aseguró.
En ese sentido, consideró que existen responsabilidades que deberían ser analizadas en distintos niveles del Estado y señaló al Ejecutivo municipal, al Gobierno provincial y al Gobierno nacional.
“Nos parece que ahí se puede ver que hay un consenso de parte de los sectores políticos que gobiernan municipal, provincial y nacionalmente para accionar de esta manera violenta y racista contra las comunidades indígenas que viven, habitan y defienden sus territorios”, afirmó.
“Las comunidades no están solas”
Finalmente, Morales sostuvo que los conflictos territoriales que involucran a comunidades indígenas no constituyen una situación aislada en Jujuy y llamó a fortalecer el acompañamiento a las familias que atraviesan este tipo de situaciones.
“En la provincia hay constantemente casos de conflictividad territorial que tratan de ocultarlo y donde se acciona siempre de la misma manera”, manifestó.
La legisladora remarcó que, frente a estos conflictos, considera necesario garantizar los derechos de las comunidades y avanzar en una solución estructural.
“Es importante dar cuenta de esta realidad, que en Jujuy suceden los desalojos expresos contra las comunidades”, afirmó, y planteó como una de las principales demandas “la entrega de los títulos comunitarios de tierras”.
Para Morales, el reconocimiento de esos derechos constituye una herramienta para abordar de fondo los conflictos territoriales y evitar que situaciones como la denunciada en Santa Rosa de Cahuaca vuelvan a repetirse.
