El día sábado la diputada Natalia Morales y Alfredo Ayarde, concejal del PTS FITU de Humahuaca, estuvieron en la comunidad indígena para intercambiar con las familias reprimidas y desalojadas días atrás por policía e infantería del Gobierno de Jujuy. “Vamos a solicitar la interpelación en la Legislatura a los funcionarios involucrados en este operativo para que den explicaciones ya que vulneraron derechos humanos”.
Los legisladores afirmaron que pudieron escuchar a las mujeres y familias de la comunidad.
“Nos interiorizamos sobre el estado de los heridos, e incluso a partir de nuestra visita se contactaron otros, vimos con nuestros propios ojos las secuelas del feroz operativo desplegado por la Policía y la Infantería bajo las órdenes del juez Calderón”.
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“Lo que vimos en el territorio desarma por completo la versión oficial y el cinismo de todos los sectores políticos que, salvo la izquierda, justificaron la represión como se expresó en la Legislatura. Vimos las casas destruidas donde vivían 18 personas, entre ellas infancias, adultos mayores, personas con discapacidad”.
“También la destrucción de una vivienda, que ni siquiera estaba dentro del predio en conflicto, donde, como relataron las mujeres, la policía disparó gases lacrimógenos en la pieza donde se encontraban niños. Nos pasaron fotos de marcas de disparos de balas de gomas en colchones y muebles”.
“Las marcas en la cara y el cuerpo de los disparos de balas de goma a corta distancia sobre un joven, padre. El relato desgarrador de madres a quienes perdieron de vista a sus hijos en medio de la represión, el paradero desconocido por un tiempo de una mujer detenida”.
“Durante la represión hubo funcionarios presentes que tendrían que dar explicaciones, del municipio de Humahuaca, de funcionarias de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, la actuación del Juez de Paz de Humahuaca, pero también la intervención del Juez de Paz de Palpalá, Los responsables del operativo con más de un centenar de oficiales de policía e infantería, de civil y sin identificación, como también la decisión de que no haya asistencia médica en el lugar del SAME como afirmaron las víctimas”.
“Queremos saber también cómo ha actuado la Secretaría de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, ya que la comunidad tiene realizado relevamiento y no se contempló ningún derecho indígena vigente”.
“Hoy las familias viven en la interperie, le destruyeron sus casas, todo lo material y también su historia de varias generaciones. Muchas mujeres no pueden retomar sus trabajos, y están con secuelas por haber vivido la violencia estatal, repercutiendo mucho más sobre las infancias y jóvenes”. “Desde las bancas del PTS FITU pusimos nuestras bancas a entera disposición de la comunidad para fortalecer su lucha, hemos denunciado la situación en la Legislatura y concejo de Humahuaca, donde en este último lugar logramos que se apruebe el rechazo a la represión y solidaridad con la comunidad”.
Queda claro que la solución es que se respete el territorio comunitario, la reparación integral por los daños causados, y que los responsables políticos, policiales y judiciales de esta represión ilegal den explicación.
Fuente: La Izquierda Diario
