La diputada del Frente de Izquierda cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras y aseguró que favorecerá la concentración de propiedades, la extranjerización del territorio y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas.
La diputada provincial del Frente de Izquierda, Natalia Morales, lanzó fuertes críticas contra el proyecto de modificación de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional y que será debatido en el Senado el próximo 6 de agosto. La legisladora sostuvo que la iniciativa representa un retroceso en materia de soberanía territorial y ambiental, al considerar que elimina restricciones para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros y facilita una mayor concentración de la propiedad.
En una entrevista con el periodista Marcos Huanca de SKY FM, Morales afirmó que la iniciativa «queda resumida en la ley de extranjerización de tierras» y sostuvo que forma parte de «un plan que viene llevando adelante el Gobierno nacional, pero también con la colaboración de los gobiernos provinciales», al que acusó de favorecer «la entrega de los bienes comunes naturales a las corporaciones mineras y a los capitales financieros».
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La legisladora explicó que la normativa vigente establece un límite del 15% para la extranjerización de tierras y consideró que la modificación elimina esa restricción. «Esta ley saca esa restricción y va a permitir realmente que se puedan vender y quedar con nuestro territorio», advirtió. Además, sostuvo que el proyecto también flexibiliza los límites a la concentración de tierras en manos de una sola empresa o persona, situación que calificó como «gravísima para la situación que se vive en el país».
«Atrae saqueadores»
Al responder a los argumentos del oficialismo, que sostiene que la reforma busca generar condiciones para atraer inversiones, Morales fue categórica: «Atrae saqueadores».
Según expresó, la iniciativa debe analizarse junto a otras políticas impulsadas por el Gobierno nacional, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el denominado «super RIGI» y las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares.
«Es un combo para que vengan los colonizadores y se queden con nuestro territorio», sostuvo la diputada, quien además afirmó que la propuesta constituye «un ataque a la soberanía del país» y aseguró que «casi el 80% de la población está en contra de esta ley y esta modificatoria».
En ese contexto, convocó a movilizarse durante la jornada del 6 de agosto y reclamó una mayor participación de organizaciones sindicales y sociales en el rechazo al proyecto.
Advirtió sobre posibles consecuencias para Jujuy
Morales aseguró que, de aprobarse la reforma, Jujuy podría enfrentar un escenario de mayor conflictividad territorial, especialmente en zonas donde existen comunidades indígenas, campesinas y proyectos mineros.
«Va a permitir que vengan saqueadores, como ya están habiendo con las corporaciones mineras, y que tengan la posibilidad de quedarse incluso legalmente con esas tierras y esos territorios», afirmó.
La diputada advirtió que la medida podría derivar en «más desalojos de las comunidades indígenas», al tiempo que alertó sobre el riesgo de que grandes propietarios adquieran extensas superficies mediante mecanismos legales.
También mencionó como una de las áreas potencialmente afectadas a la Quebrada de Humahuaca, donde, según señaló, «ha avanzado de manera acelerada el proceso de mercantilización de la tierra» y donde podrían incrementarse las operaciones inmobiliarias con participación de capitales extranjeros.
Asimismo, vinculó el debate con la reforma parcial de la Constitución de Jujuy impulsada durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales, al considerar que existen similitudes en aspectos relacionados con la ocupación de tierras fiscales y los posibles desalojos de comunidades originarias.
Convocatoria a movilizarse
Durante la entrevista, la dirigente del Frente de Izquierda llamó a la ciudadanía a involucrarse en el debate y participar de las actividades previstas para el 6 de agosto.
«La defensa federal de la tierra, del territorio, del agua y de los bienes comunes naturales es algo que tenemos que defender porque puede tener implicancias graves», expresó.
Finalmente, advirtió que una mayor participación de grandes grupos económicos extranjeros en el control de recursos estratégicos podría afectar el acceso al agua y profundizar procesos de privatización.
«Si empiezan a tener más injerencia en las fuentes de agua y en los glaciares, vamos a empezar a tener consecuencias graves porque se va a limitar también la posibilidad de tener acceso a un derecho humano como es el agua», concluyó.
