La abogada de la Asociación de Defensa del Consumidor CODELCO, Alicia Chalabe, sostuvo que el fuerte incremento en las facturas de energía eléctrica que afrontan los jujeños no responde únicamente a la quita de subsidios nacionales, sino que también debe analizarse el costo de compra de la energía en la provincia. En ese marco, reclamó la declaración de la emergencia tarifaria, la suspensión de los cortes del servicio y una revisión integral de la estructura de la tarifa.
Durante una entrevista con el periodista Marcos Huanca de Sky FM 106.1, Chalabe explicó que la factura eléctrica está compuesta por el costo de la energía consumida, impuestos y tasas provinciales y municipales, además de tributos nacionales. Si bien reconoció que la eliminación de subsidios nacionales impactó en el precio final, advirtió que existen otros factores que también inciden en el aumento.
«Todo se puede discutir: si es Nación, si es la Provincia o el municipio. Pero todo lo termina pagando con su bolsillo el usuario. Por eso todos tenemos que trabajar para aliviarle la carga a los usuarios de Jujuy», afirmó.
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La letrada señaló que uno de los puntos que debe investigarse es el contrato firmado entre la empresa distribuidora EJESA y la empresa estatal jujeña JEMSE para la compra de energía fotovoltaica.
«Hay un contrato entre EJESA y JEMSE por 20 años, firmado en 2022, con un valor de 79 dólares por megavatio. Tenemos que revisar a quién le compra la energía EJESA y cuánto paga, porque ese costo después se traslada directamente a los usuarios», sostuvo.
Según explicó, además de ese convenio existen otros parques solares que también abastecen al sistema eléctrico provincial, cuyos precios de compra deberían ser revisados.
«Si estamos pagando más de lo que corresponde, eso sería ilegal. En un servicio público siempre debe cobrarse el precio que más favorezca al consumidor y no al proveedor», remarcó.
Emergencia tarifaria y suspensión de cortes
Como principal medida, Chalabe planteó la necesidad de declarar la emergencia tarifaria en la provincia.
«Si usted me pregunta cuál es la solución, en primer lugar es declarar la emergencia tarifaria, suspender los cortes y revisar qué es lo que estamos pagando.»
La abogada recordó que la energía eléctrica constituye un servicio público regulado por las normas de defensa del consumidor y que, por ese motivo, las tarifas deben respetar criterios de razonabilidad.
«No puedo cobrarle al usuario el precio más caro. La energía eléctrica es un servicio público y debe garantizarse que el consumidor pague el valor que más lo beneficie.»
«Las tarifas se volvieron impagables»
Desde CODELCO señalaron que reciben reclamos de distintos puntos de la provincia, especialmente de familias, jubilados y pequeños comerciantes que manifiestan dificultades para afrontar las boletas.
Chalabe mencionó casos registrados en Yuto y Libertador General San Martín donde vecinos acumulan importantes deudas por el costo del servicio.
«Las tarifas hoy son impagables. Hay jubilados cuya factura representa la mitad o más de su jubilación y familias que no saben cómo hacer para pagar.»
El peso de los impuestos
Consultada sobre la composición de la factura, indicó que aproximadamente el 45% corresponde a impuestos, cánones y contribuciones provinciales y municipales, aunque insistió en que el debate no debe limitarse únicamente a esos conceptos.
«Tenemos que discutir todo. No solamente los impuestos, sino también cuánto estamos pagando por la energía.»
Asimismo recordó que existe una resolución nacional que limita la incorporación de conceptos ajenos al consumo efectivo dentro de las boletas de servicios públicos.
«La resolución establece que no pueden incorporarse en la factura conceptos que el usuario no haya consumido efectivamente. Sin embargo, en Jujuy esos cargos continúan cobrándose.»
Reclamos judiciales
Frente a las dificultades para obtener respuestas administrativas, Chalabe recordó que los usuarios cuentan con herramientas judiciales para reclamar.
«Siempre queda la herramienta judicial. Cualquier usuario puede acudir a la Justicia, incluso a través de las defensorías oficiales.»
En ese sentido recordó el precedente del fallo CEPIS de la Corte Suprema, que estableció que las tarifas de los servicios públicos deben ser «justas y razonables».
«La tarifa debe poder pagarse con el ingreso de una familia sin impedirle acceder a otros derechos básicos como la alimentación o la vivienda.»
Más presencia de la SUSEPU en el interior
Finalmente, la abogada reclamó que la SUSEPU habilite delegaciones permanentes en las ciudades del interior para facilitar los reclamos de los usuarios.
«Hay que exigir que la SUSEPU tenga delegaciones en el interior. No puede ser que una persona tenga que perder un día de trabajo para viajar hasta San Salvador de Jujuy solamente para presentar un reclamo.»
Chalabe consideró que acercar los organismos de control a localidades como Perico, El Carmen, Tilcara o Abra Pampa permitiría agilizar las denuncias y garantizar un mayor acceso de los consumidores a la defensa de sus derechos frente al incremento de las tarifas eléctricas.
