El reclamo salarial de la Policía abrió una discusión más amplia sobre los ingresos de los trabajadores estatales en la provincia. A partir de las protestas frente a la Casa de Gobierno, docentes, trabajadores de la salud y otros gremios comenzaron a plantear un nuevo panorama para los magros sueldos actuales.

Durante las manifestaciones frente a la sede del Ejecutivo provincial se registraron incidentes, quema de neumáticos y daños en las rejas del edificio. En ese contexto, el Gobierno provincial difundió un comunicado en el que llamó a la calma y expresó su “voluntad de diálogo y consenso”. El texto no incluyó cifras salariales ni detalles de las negociaciones en curso.

El comunicado también señaló que “un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar la provincia”, y responsabilizó a ese sector por los daños en la Casa de Gobierno. Los manifestantes rechazaron esa interpretación y mantuvieron la protesta, solicitando una propuesta formal.

También intentaron desmovilizar publicitando que había un acuerdo y hasta detuvieron a un policía que rodeaba la plaza central, que en horas de la noche fue liberado por la presión de la base. La participación de policías del interior fue importante.

El conflicto se desarrolla además con la ausencia de varias autoridades provinciales. El gobernador Carlos Sadir se encuentra en Estados Unidos integrando una comitiva de mandatarios provinciales junto al presidente Javier Milei. Tampoco estuvieron presentes durante los incidentes el Secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, ni el ministro de Hacienda, Federico Cardozo. El vicegobernador Alberto Bernis no dio la cara.

En las últimas horas, representantes vinculados a la negociación policial indicaron que el Gobierno habría ofrecido un incremento salarial cercano al 55%. En febrero el Ejecutivo impuso un aumento del 10% en cuotas hasta junio, cifra que fue rechazada por distintos sectores estatales.

El reclamo policial también incluyó pedidos de renuncia del jefe de la Policía de la Provincia, el comisario Milton Sánchez, y del secretario de Seguridad Pulleiro.

El conflicto se extendió a otros sectores del Estado provincial. El gremio docente Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior convocó a un paro de 24 horas y a una movilización con marcha de antorchas en la capital provincial.

Desde el sindicato señalaron que el debate salarial involucra a todo el sector público. “Si a la policía se le ofrece más, tiene que haber un cambio para todos, porque todos somos empleados públicos”, expresaron representantes del gremio.
Docentes indicaron que una parte de sus ingresos se destina a transporte para llegar a sus lugares de trabajo. Según estimaciones del sector, ese gasto representa cerca del 30% del salario.

En el caso de la policía, también se plantearon cuestiones vinculadas a condiciones de trabajo. Efectivos señalaron falta de móviles en el interior de la provincia y demoras en el pago de adicionales.

La discusión salarial incluyó datos sobre la escala de ingresos dentro de la fuerza. Según personal policial, un comisario mayor percibe alrededor de 3 millones de pesos brutos y, con aumentos recientes, ese monto podría superar los 5 millones. Un agente percibía hasta el mes pasado cerca de 800 mil pesos.

El desarrollo de la negociación con la policía puede tener impacto en el resto de los gremios estatales. Los sindicatos indicaron que, si el Gobierno modifica la oferta salarial para la fuerza de seguridad, solicitarán la reapertura de las negociaciones paritarias. Mientras tanto, continúan las protestas y las reuniones entre representantes de los distintos sectores y el Ejecutivo provincial. El conflicto sigue abierto.