Editorial
A siete días del fallecimiento de una persona durante un evento en la Carpa Russet, no existe información oficial que precise qué ocurrió. Desde el hospital interviniente señalaron que no se brindarán detalles por pedido de la familia. Hasta ahora no se difundió ningún parte médico público que confirme la causa del deceso.
De acuerdo con testimonios de asistentes, la descompensación se habría producido alrededor de las 22 horas. Varios presentes coinciden que el baile continuó mientras se realizaban maniobras de asistencia médica.
No hubo comunicación formal de la organización explicando si se activaron protocolos de emergencia, si se evaluó la suspensión del evento o qué decisiones se tomaron en ese momento.
Versiones
Tras lo ocurrido circularon audios y mensajes en redes sociales que describen un predio colmado y un ambiente sofocante, prácticamente sin aire para respirar . Algunos medios hablaron inicialmente de una “muerte natural”, pero esa afirmación no fue acompañada por documentación médica pública.
La falta de información oficial alimentó las especulaciones y dejó el caso en un terreno de versiones cruzadas.
Antecedentes
El predio ya había sido denunciado en otras oportunidades por ruidos, disturbios y presuntos incumplimientos de ordenanzas municipales. También circularon denuncias sobre condiciones de infraestructura.
Uno de los organizadores afirmó que la situación dentro del lugar estaba controlada y que la seguridad dependía de ellos por medio de la contratación de personal y la policía. En paralelo, trascendió la denuncia de una ex empleada de seguridad que cuestionó las condiciones laborales del personal.
Interrogantes
También circulan versiones sobre posibles vínculos con la policía, aunque no hay confirmaciones oficiales. A la fecha, no se difundieron avances concretos sobre la investigación judicial.
Una persona murió durante un evento masivo y, una semana después, no hay explicación pública detallada sobre lo sucedido, ni informe médico difundido, ni reconstrucción oficial de los hechos. El caso sigue rodeado de interrogantes y el empresario Santiago «Guchi» Bonillo Illescas- o su testaferro – debería dar cuenta a la justicia y ser clausurados tras los hechos consumados.
