En la previa a la reanudación de la audiencia judicial, el dirigente social Nahuel Morandini volvió a denunciar, en dialogo con SKY FM 106.1 MHZ, persecución política y espionaje ilegal en la causa conocida públicamente como “presos por tuitear”. Horas antes de que el juez declarara inadmisible la acusación y la devolviera al Ministerio Público para su reformulación, Morandini sostuvo que el proceso “ha sido un papelón jurídico” y expresó su expectativa de que “haya un poco de cordura por parte de la Justicia”.
“Nosotros estamos pidiendo que esta causa se cierre, que haya sobreseimiento por inexistencia de delito”, afirmó en diálogo radial, al tiempo que insistió en que la investigación se inició de manera irregular. “Lo primero que tenemos para mostrar es que esto fue ilegal. Hubo espionaje antes incluso de que existiera formalmente la denuncia”, señaló.
“Fuimos objeto de espionaje”
Morandini aseguró que en el expediente constan actuaciones previas a la presentación formal de la denuncia. “En un expediente que dice iniciarse el 4 de enero, ya hay un oficio del 3 de enero que da cuenta del espionaje realizado y de la identificación de domicilios. Eso quedó asentado en el mismo expediente”, remarcó.
Según su relato, las tareas no habrían sido únicamente digitales. “No fue solo una búsqueda en redes. Mandaron personas a espiarnos, a sacar fotos, a indagar en nuestros domicilios particulares. Eso está registrado”, expresó.
El dirigente sostuvo que el objetivo fue disciplinar socialmente. “Fuimos todos objeto de espionaje. El mensaje es: ojo con lo que subís, ojo con lo que comentás, porque podés terminar preso”, afirmó, en referencia a su detención y a la de Roque Villegas.
Críticas al proceso judicial
Durante la audiencia anterior, la defensa solicitó el sobreseimiento y cuestionó la validez de la denuncia y la actuación del Ministerio Público. “Se tomó dos años para tratar un pedido que hicimos en febrero de 2024. Mientras tanto, estuvimos 53 días con prisión preventiva por una publicación”, indicó.
Morandini también cuestionó la figura de los querellantes y la intervención de organismos provinciales en la causa. “El Gobierno de la provincia sigue sosteniendo una participación activa dentro del proceso. Eso hay que decirlo claramente”, sostuvo.
En ese contexto, denunció que se vulneraron garantías básicas. “Nosotros vamos a iniciar las acciones legales correspondientes para que se identifique quién dio la orden de hacer este espionaje ilegal masivo”, adelantó.
Libertad de expresión y movilización
Más allá de la situación personal, Morandini enmarcó el caso en un debate más amplio sobre derechos democráticos. “Este atropello no es solamente contra mí, es contra las libertades democráticas, entre ellas la libertad de expresión”, afirmó.
Y dejó un mensaje a la ciudadanía: “Mi invitación es que rompamos el miedo. Tenemos que defendernos entre todos. Si no hubiese sido por la movilización y el acompañamiento, esto no tendría la visibilidad que hoy tiene”.
Finalmente, agradeció el respaldo recibido. “No han conseguido que nos callemos. Vamos a seguir poniendo el cuerpo y sosteniendo lo que creemos”, concluyó.
La audiencia continuaba al cierre de esta edición, en un clima de expectativa tanto por parte de la defensa como de familiares y organizaciones que acompañan el caso, a la espera de una resolución que marque un precedente en materia de libertad de expresión en la provincia.
