En la antesala del cuarto intermedio fijado para este lunes a las 16, cuando el juez Asef deberá resolver si la causa avanza a juicio oral o se desestima la acusación, docentes del sindicato ADEP denunciaron públicamente que el proceso está “lleno de irregularidades”, carece de pruebas y se sostiene con espionaje ilegal, en un contexto que busca amedrentar la protesta y la libertad de expresión en Jujuy.
Desde la calle Sánchez de Bustamante, donde se desarrolló la audiencia, Guillermo Duarte y Miriam Quispe, docentes de base de ADEP, acompañaron a los imputados Nahuel y Roque y reclamaron el sobreseimiento. “Pedimos el sobreseimiento porque nos parece bochornoso realmente todo el tiempo que se está brindando hacia esto”, sostuvo Duarte. Y agregó: “No se puede tener 53 días presos y con tortura a personas por emitir una opinión a través de una red social. Esto es una violencia a la vida democrática”.
Duarte vinculó el avance de la causa con una política de intimidación estatal: “Es una política de este gobierno (del ex Morales y del actual Sadir) en paralelo con el gobierno nacional de Milei, de querer amedrentar a todos los ciudadanos para ejercer sus derechos”.
Por su parte, Miriam Quispe advirtió que una eventual elevación a juicio tendría consecuencias graves para los derechos humanos y el sistema democrático. “Creemos que es una clara violación a la Constitución, porque la libertad de expresión está garantizada en la Constitución Nacional”, afirmó, y remarcó que el caso “atenta contra todos aquellos que podamos protestar, expresarnos y reclamar”.
Quispe recordó además antecedentes recientes de criminalización de la protesta docente: “En 2024 estuvimos en una carpa docente reclamando justicia por nuestra lista que ganó las elecciones de ADEP y fueron anuladas en forma injusta. Incluso hicieron contravencionales a personas que ni siquiera estuvieron en la carpa”. Según señaló, estas causas abiertas “perjudican los antecedentes laborales y personales” y buscan “callar a través de contravencionales e iniciando juicios que no se cierran”.
La docente fue más allá y denunció una intervención del poder político en la vida sindical: “Llevamos más de un año y tres meses sin autoridades en nuestro gremio. El gobierno se inmiscuye en elecciones de una organización privada, lo denunciamos y no tenemos respuesta ni del Ministerio de Trabajo provincial ni nacional”. A su entender, “quienes sufren las consecuencias son los docentes”, en un escenario de “avasallamiento de derechos” que se profundiza con la reforma laboral.
Consultada sobre si hoy se puede opinar y criticar libremente al poder político en Jujuy, Quispe fue categórica: “No, porque te abren una causa. Y si no tenés abogado o acompañamiento social, esas causas avanzan y te perjudican muchísimo”. En ese marco, sentenció: “En Jujuy no hay democracia, no hay justicia”.
Ambos docentes coincidieron en que la causa no apunta solo a dos personas. “Esta causa es contra la libertad de expresión de todos los ciudadanos jujeños”, afirmó Quispe. “Lo toman como ejemplo para generar miedo; por eso hoy la sociedad vive con miedo y las manifestaciones no son multitudinarias como en 2023”.
Finalmente, Duarte señaló el despliegue policial durante la audiencia como un mensaje intimidatorio: “Hay patrulleros, personal y recursos para docentes y familias que no generan disturbios, pero cuando roban a un abuelo o asaltan a un adolescente, el móvil demora, no hay personal ni nafta. Esa es la cotidianeidad”.
La definición del juez Asef, prevista para hoy lunes a las 16, será clave para el futuro de la causa y, según advierten los docentes de ADEP, marcará un precedente directo sobre el alcance real de la libertad de expresión y el derecho a protestar en la provincia.
