Editorial
En Jujuy la ley es clara, no admite interpretaciones ni “perdón después”. Desde hace cinco años está vigente la Ley Provincial N.º 6187, que prohíbe el uso y la venta de pirotecnia sonora y fija sanciones duras, incluso clausuras. En Perico, además, existe la Ordenanza 1450, que refuerza esa prohibición. Sin embargo, en la Carpa Russet parece que las normas no aplican.
En los últimos dias usaron pirotecnia sonora, violando abiertamente la legislación. Lo hicieron a la vista de todos, sabiendo que está prohibido y que afecta directamente a personas con TEA, adultos mayores, animales y vecinos en general. Después de eso, llegó el comunicado de “disculpas”, como si se tratara de un error menor.
Pedir perdón no borra una infracción ni reemplaza una sanción. Si fuera así, cualquiera podría violar la ley, molestar, poner en riesgo a otros y luego salir a pedir perdón como si nada hubiera pasado.
Hace años que proteccionistas, familias, asociaciones civiles, medios, e instituciones vienen trabajando para erradicar la pirotecnia sonora. No es un capricho ni una moda: es una pelea sostenida, pública y conocida. Por eso llama la atención que un emprendimiento comercial tan visible actúe como si viviera en una burbuja, ajeno a toda normativa y a toda empatía.
Y no se trata de un hecho aislado. La producción de la Carpa Russet ya cometió otro ilícito exponiendo a cientos de jovenes en un baile que se realizó sobre una estación de servicio que estaba funcionando. Por eso fue sancionado. No solo eso, decenas de vecinos denuncian peleas, que usan los frentes de las casas como baños públicos y que generan un gran desorden.
Días atrás, el responsable de Higiene y Seguridad de la municipalidad, Yunes Namur, explicó que las multas por violar la normativa pueden ser muy altas, incluso desde los 8 millones de pesos, aun tratándose de un vecino común. ¿Qué corresponde cuando quien incumple es un local comercial que reincide y lo hace de manera pública? Según se supo fueron sancionados pero nadie conoce a cuánto asciende el monto de la pena.
Las autoridades locales no pueden mirar para otro lado. Habilitar y sostener espacios sin controles y sanciones reales es, como mínimo, irresponsable.
