La ex concejal Mónica Sánchez quedó en el centro de la polémica esta semana tras conocerse una grave denuncia por parte de una exempleada del Concejo Deliberante, quien denunció que la edil le exigía el 50% de su salario bajo el argumento de un supuesto “aporte político”.
La denuncia fue realizada públicamente, una empleada con más de un año de antigüedad en el Concejo, que atravesaba una situación crítica: una persona con discapacidad y un familiar internado. Según su testimonio, los pedidos de dinero fueron sistemáticos y respondían a la necesidad de recaudar fondos para la proyección electoral de Sánchez de cara a 2027.
«Era para ayudar a la campaña», relato en una entrevista en Sky FM, donde también afirmó contar con audios y mensajes que respaldarían sus dichos. Hasta el momento, la denuncia ya fue tomada por el Ministerio de Trabajo, pero el caso ya encendió las alarmas dentro del Concejo y generó repercusiones en el ámbito político local.
Quedó en evidencia una práctica de dudosa legalidad y una clara falta de ética: pedirle a una empleada municipal en situación de vulnerabilidad que ceda la mitad de su sueldo para financiar actividad política. Una práctica que, de comprobarse, podría encuadrarse en abuso de autoridad, coacción e incluso malversación de fondos públicos.
Este tipo de casos —lamentablemente frecuentes en el entramado político de Perico— reflejan lo que muchos denuncian desde hace años: el uso del aparato público como plataforma para proyectos personales, disfrazado de compromiso militante. Hasta denuncia que Sanchez la llevaba a limpiar la casa de una familiar.
La denuncia no llega en un momento cualquiera. Mónica Sánchez hace poco paso al bloque del Partido Justicialista, sumándose al armado político “Jujuy Primero Avanza”, que responde a Walter Cardozo (concejal), Ruben Rivarola (diputado) y el dirigente Carlos Haquim. Todos ellos forman parte del engranaje de un sector del peronismo local.
Sánchez formaba parte del grupo de Roly Ficoseco. Siempre se presentaba como «renovadora», crítica del clientelismo y promotora de la transparencia— choca de frente con las prácticas denunciadas por su exempleada. La contradicción no pasó desapercibida para los que siguen las vicisitudes periqueñas.
Ni desde el entorno de la concejal ni desde el bloque del PJ se han dado respuestas públicas hasta el momento. Tampoco se conoce aún una actuación institucional del Concejo Deliberante.
