Un fuerte malestar sacude a la Cooperativa Telefónica de Ciudad Perico, donde socios denuncian irregularidades administrativas, negativa a entregar documentación y presunto nepotismo en la conducción actual. “Estamos viendo que el patrimonio de la cooperativa está corriendo riesgo”, advirtió una de las socias que participó de la asamblea extraordinaria convocada por más de 300 miembros en una entrevista radial por SKY FM 106.1 MHZ.
Según la denunciante, la actual comisión “no se estaría realizando como se solía hacer la cuestión administrativa”, señalando la falta de arqueos de caja, conciliaciones bancarias y balances. “Hace cinco años que no rinden cuentas y hay cinco balances pendientes”, remarcó. Además, afirmó que desde el 22 de febrero la conducción se niega a entregar documentación solicitada por derecho estatutario: “No brindan la información que es requerida por los asociados, ¿que son los dueños de la cooperativa?”.
La situación llevó a que 300 socios —el mínimo que exige la ley— convocaran una asamblea extraordinaria el 27 de julio. Allí se decidió por unanimidad remover a la actual comisión y designar una comisión fiscalizadora para que, en 60 días, presente un informe y llame a nuevas elecciones. “Se niegan a dar la documentación, esconden los datos, hackean los sistemas”, acusó la socia.
Otro punto que genera indignación es la presunta designación de familiares en cargos directivos. “Por primera vez en la vida, dentro de la mesa directiva están los novios de la hermana, acomodó a toda su familia en los cargos”, denunció, asegurando que esta práctica viola el estatuto de la cooperativa.
La asambleísta también cuestionó la falta de apertura de la presidenta Beatriz Carmona para dar explicaciones públicas. “Fue invitada a la asamblea para presentar la documentación y hacer su descargo, pero no apareció. En cambio, arma conferencias de prensa para algunos medios, sin mostrar los papeles”, relató. La socia advirtió que incluso se les negó el uso del salón de la cooperativa para la reunión, por lo que debieron alquilar un espacio privado.
Frente a las acusaciones, la presidenta Carmona habría calificado la intervención de los socios como un “asalto institucional”, según medios locales. La entrevistada rechazó esa versión: “La cooperativa es una entidad privada, no gubernamental. Los dueños son los socios y pueden pedir los informes que necesiten”.
La crisis interna deja a la vista un conflicto abierto entre las autoridades desplazadas y la comisión fiscalizadora votada por los socios. Mientras tanto, la comunidad periqueña observa con preocupación el futuro de una institución históricamente valorada, pero hoy envuelta en acusaciones de opacidad y manejo discrecional.
