La abogada Silvana Llanes, defensora de Griselda Ibáñez, denunció públicamente en el programa radial «Preso en mi Ciudad» de Sky FM 106.1 una serie de irregularidades judiciales, hostigamiento policial y abuso de poder por parte del Estado provincial en el conflicto por tierras en la Finca El Pongo.
En la entrevista, la letrada sostuvo que “la denuncia se presentó en enero de 2025 y el día miércoles debía realizarse una inspección ocular para delimitar los terrenos. En vez de eso, enviaron policías para sitiar a la familia Ibáñez. Fue una represión total.”
Según Llanes, el operativo del 16, 17 y 18 de julio incluyó a todas las fuerzas policiales locales, dejando en evidencia un uso desproporcionado del aparato represivo del Estado: “Es ilógico, no tiene fundamentación ni jurídica ni práctica. Toda la fuerza policial de Perico estaba en contra de una sola familia.”
La denuncia penal, identificada como causa 246-2025, fue presentada por Griselda Ibáñez contra el Estado provincial y la administración de la Finca El Pongo, a quienes acusa de intentar desalojarla ilegalmente de tierras que ocupa hace décadas y donde mantiene su sustento mediante la cría de ganado.
“El fiscal, en vez de cumplir con una manda judicial de inspección, usó la información de nuestro habeas corpus colectivo para iniciar una causa de usurpación contra la familia Ibáñez. ¡Hasta intentaron imputar a un menor de edad!”, denunció con indignación Llanes.
Además, la abogada señaló la gravedad institucional de estos hechos: “No hay división de poderes. El Ministerio Público Fiscal está actuando sin objetividad, violando el artículo 99 del Código Procesal Penal. No hay garantías constitucionales, no hay Estado de Derecho.”
La familia Ibáñez aún no ha recibido ninguna comunicación formal del gobierno provincial, pese a que han solicitado una audiencia con el gobernador Carlos Sadir. “No se ha comunicado nadie. Es una estafa al pueblo periqueño”, dijo Llanes.
Durante las jornadas de conflicto, se registraron escenas alarmantes: “Las familias estaban sitiadas. Las imágenes muestran cómo se paraban frente a las máquinas que querían avanzar sobre ellos. Fue un atropello en toda regla.”
Finalmente, Llanes adelantó que el equipo legal continuará utilizando todas las vías institucionales y judiciales para defender a la familia Ibáñez: “No podemos permitir que avancen sobre nuestros derechos. Lo que está ocurriendo es una aberración jurídica.”
La emisora radial también informó que se intentará establecer comunicación con el fiscal Dr. Diego Funes para que brinde su versión sobre los hechos, mientras la indignación pública crece frente a lo que muchos consideran un nuevo caso de violencia institucional en Jujuy.
