La abogada Silvana Llanes realizó fuertes declaraciones contra el accionar del Poder Judicial y del Gobierno provincial, tras una serie de hechos irregulares que involucran a la familia Ibáñez en Finca El Pongo. En una entrevista con el programa radial «Preso en mi Ciudad» en Sky FM 106.1, la letrada denunció violencia institucional, falta de imparcialidad judicial y un accionar ilegal por parte de la policía durante un intento de desalojo.
“Lo que está pasando es una aberración jurídica. Se avasallan los derechos, se utiliza a la policía como brazo ejecutor de estas intimidaciones”, sostuvo la doctora Llanes, representante legal de Griselda Ibáñez, quien junto a su familia habita ancestralmente tierras en la finca desde hace más de cien años.
Según la abogada, los intentos de desalojo se realizaron en plena feria judicial, sin notificación formal ni orden dirigida a Griselda Ibáñez, quien ni siquiera figura como parte del expediente judicial. A pesar de ello, denunció que la jueza de paz ingresó al domicilio sin autorización, acompañada por el administrador de la finca, el señor Alanís, y un numeroso grupo de policías.
“Griselda no fue demandada, no forma parte del expediente, no recibió notificación alguna, pero aun así intentaron desalojarla con prepotencia y violencia”, denunció.
Llanes remarcó que los uniformados actuaron de manera brutal: “Golpearon mujeres, empujaron a ancianos, y amedrentaron a niños. Es terrible lo que está pasando. Había entre 50 y 60 policías sin tener claro qué hacían allí”.
La situación, según la abogada, se agravó cuando la administración de la finca intentó ingresar nuevamente con maquinaria pesada: “Llegaron con una topadora para cerrar el paso a la vivienda de la familia Ibáñez. Querían dejarlos incomunicados, sin acceso a su casa”.
“No estamos en un Estado de derecho. Acá no hay división de poderes, la justicia responde a intereses políticos y económicos”, acusó la letrada. “No nos permiten ejercer libremente nuestra profesión en Jujuy”.
Una inspección ocular fue finalmente ordenada por un fiscal para constatar los hechos denunciados. Sin embargo, la doctora criticó duramente al ayudante fiscal Diego Bejarano por no responder a los llamados durante el operativo y por no garantizar protección a las víctimas: “La noche terminó con más policías intentando entrar. La situación es vergonzosa, impune”.
Consultada sobre el motivo del apresuramiento en el accionar judicial y policial, Llanes deslizó una grave sospecha: “Este apuro podría deberse a que ya se han vendido las tierras. La administración quiere cerrar el paso y sacar a la familia a toda costa”.
La abogada también apuntó contra la inacción del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Pueblos Originarios: “No emitieron ni un comunicado en repudio a los hechos. Hay una ausencia total del Estado nacional”.
Frente a estos hechos, la Asamblea Provincial de Comunidades anunció una convocatoria en Finca El Pongo mañana Viernes 18 a hs 8 para respaldar a la familia Ibáñez. “Las comunidades están alertadas. Lo que pasó en Cueva del Inca y ahora en El Pongo demuestra que hay un plan sistemático de despojo”, advirtió Llanez.
Finalmente, la abogada concluyó con un llamado urgente:
“La democracia está siendo vapuleada en Jujuy. Es tiempo de tomar acciones concretas. Estamos ante una mafia institucionalizada que responde al poder político, judicial y económico. Es calamitosa la situación.”
