Imputación por lesiones leves a policías desata indignación. La querella exige investigar a ex gobernador y funcionarios por crímenes de Estado.
La abogada Silvana Llanes, defensora de víctimas de la represión en la causa ocurrida en Jujuy durante 2023 en Purmamarca, por manifestaciones contra la Reforma Constitucional Provincial, calificó la imputación por lesiones leves a policías involucrados como «una burla para las víctimas». En una entrevista exclusiva con “Radio Sky FM 106.1”, Llanes denunció la falta de objetividad en la investigación y la necesidad de juzgar a funcionarios del ex gobernador Gerardo Morales, afirmando que «acá fue un delito de Estado, acá fueron a cazar a las comunidades originarias”.
La abogada se refirió a la brutal represión ocurrida en Pumamarca en junio de 2023, donde Lian, su cliente, sufrió un trauma ocular. «Nos costó muchísimo llegar a que, por lo menos, empiecen a imputar, fue una peregrinación exigir justicia desde el 2023», lamentó Llanes, destacando la existencia de «pruebas sobrantes: imágenes de medios nacionales y provinciales que muestran claramente la violencia institucional».
La abogada Llanes denunció la narrativa inventada por la policía, que se presentan como víctimas, a pesar de contar con «todos los recursos de cascos, armas (..) mientras las comunidades originarias tenían sus ponchos, haciendo una permanencia pacífica». La defensora considera «calamitosa la falta de objetividad en la investigación, recién en febrero de este año se realizó una inspección ocular en los lugares de la represión».
La abogada enfatizó la discrepancia entre la imputación por lesiones leves y la gravedad de los hechos: «La carátula o el delito que se les imputa a estos personajes es totalmente incongruente con la realidad. Es una total falta de objetividad». Por ello, la querella presentará su propia acusación, exigiendo que se investigue a altos funcionarios, incluyendo al ex gobernador Morales, el ex ministro de Seguridad Corro y el jefe de policía.
Llanes afirmó que «los mismos testigos policías confirmaron la presencia del ex gobernador dando órdenes directas, y del ministro Corro ejecutando la represión, poniendo a la fuerza de seguridad a disparar a mansalva». La querellante también mencionó la participación de otros funcionarios, como ministros (Zigaran, Alvarez Garcia y Alejandra Martinez entre otros) y diputados, en los hechos. «Para nosotros, es una burla que no se investigue a los verdaderos responsables de esta masacre», sentenció.
La abogada denunció la violencia sistemática contra las comunidades originarias, que «siguen desalojando, ejerciendo violencia institucional, los hostigan, los amenazan. Acá hay un intento de exterminar a las comunidades». Llanes llamó a las comunidades a denunciar los hechos, afirmando que «acá no se trata de una lesión leve, acá le cambiaron la vida a un cliente, se la destrozaron. Y no a uno, a varios».
Finalmente, Llanes criticó la falta de imparcialidad de la justicia provincial y la inacción del gobierno nacional ante las denuncias de represión y persecución. «Ante la falta de imparcialidad en los jueces y la falta de objetividad en el Ministerio Público de la Acusación, estamos totalmente desprotegidos. No tenemos seguridad política en nuestra provincia. Las garantías constitucionales nadie las garantiza, pero para el gobierno sí están garantizadas». La abogada concluyó exigiendo «juicio y castigo para los reales responsables de esta represión, y justicia por todas las comunidades originarias que hoy están siendo amedrentadas».
