Representantes de los boliches Miami y La Metro denuncian perjuicios económicos y acusan irregularidades en la decisión del Concejo Deliberante.
El Concejo Deliberante de Monterrico aprobó una polémica ordenanza que prohíbe la realización de eventos bailables los domingos, una medida que ha generado el rechazo de propietarios y trabajadores de este sector. Sergio Brodkiewiez, representante legal de los boliches “Miami y La Metro”, denunció irregularidades en el proceso y adelantó acciones legales contra los concejales y el intendente Luciano Moreira, acusándolos de vulnerar derechos constitucionales y patrimoniales.
En entrevista con el programa radial «Preso en mi Ciudad» en “Radio Sky FM 106.1”, Brodkiewiez calificó al Concejo como un «órgano funcional al Ejecutivo» y señaló que la decisión se tomó de manera apresurada, sin argumentos sólidos. “El intendente Moreira celebró esta medida, pero no consideraron el impacto económico y social para las familias que dependen de estos eventos”, expresó.
Los propietarios de boliches aseguran que perderán millones debido a compromisos contractuales ya establecidos con artistas y proveedores. Además, argumentan que los fundamentos para la prohibición, como supuestos problemas de inseguridad o accidentes viales relacionados con los bailes, carecen de evidencia.
«Este sábado, La Metro cumple 25 años operando los fines de semana. Ahora nos prohíben trabajar los domingos, afectando nuestro derecho constitucional al trabajo y nuestra inversión», declaró Brodkiewiez, quien también criticó la falta de contralor en el uso de recursos municipales, como los alcoholímetros para prevenir accidentes.
Los representantes legales de los boliches ya están preparando una acción de amparo para revertir la ordenanza, mientras que los empresarios advierten sobre el impacto económico que podría alcanzar los 150 millones de pesos entre pérdidas y señas no recuperables.
Por su parte, algunos empleados y sectores políticos se movilizaron para mostrar respaldo a la medida. Sin embargo, la falta de diálogo y la rapidez en la aprobación han dejado en evidencia una fuerte división entre el gobierno local y los afectados.
La polémica desata un escandalo, con denuncias de irregularidades en el proceso legislativo y acusaciones de favoritismo hacia otros sectores económicos. La situación pone en jaque la dinámica económica de Monterrico y abre un debate sobre los límites de las regulaciones municipales.
