La Diputada Natalia Morales (FIT) celebra el fallo judicial y denuncia la política estatal de vulneración de derechos territoriales.
En un fallo histórico, la justicia federal ordenó al Gobierno de Jujuy restituir las tierras expropiadas a la comunidad indígena Coya en Cáspala. La resolución, dictada por la Jueza Carina Inés Gregoraschuk, responde a la denuncia por usurpación y violencia institucional cometida en 2022 por el gobierno provincial, entonces encabezado por el ex Gobernador Gerardo Morales. El conflicto se originó cuando el Estado Provincial tomó posesión de una cancha comunitaria para construir una escuela, sin consulta previa ni consentimiento de la comunidad.
En diálogo con el programa radial «Preso en mi Ciudad» por Sky FM 106.1, Natalia Morales, Diputada Provincial del Frente de Izquierda, destacó la importancia del fallo, calificándolo como un antecedente clave en la lucha por los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Según Morales, este caso es un reflejo de una política sistemática de desalojo y represión en Jujuy, que también afecta a otras localidades como Tuscapacha, Palpalá, Guerrero y Bárcena.
“La restitución de la cancha no solo repara un daño material, sino que también reivindica el derecho histórico y cultural de las comunidades a sus territorios. Este fallo demuestra que sí se puede cuestionar al gobierno cuando actúa como un monarca, avasallando derechos”, afirmó la legisladora.
Morales también vinculó este conflicto con la reciente Reforma Constitucional Provincial, que, según ella, han intensificado los ataques a los territorios indígenas. Resaltó la resistencia de las comunidades, que se expresó en iniciativas como el “Tercer Malón de la Paz”, y denunció la colusión del Estado con intereses privados, como las mineras y terratenientes con negocios inmobiliarios, o hasta el mismo estado.
Por otro lado, la diputada criticó declaraciones del oficialismo, como las del legislador Diego Rotela (UCR) quien intentó desacreditar el fallo vinculándolo al consumo de alcohol y minimizando los reclamos territoriales. “Estos argumentos reaccionarios buscan desviar la atención de la violencia institucional sufrida por las comunidades.” Además expreso; “Si a tanto le preocupa al diputado de Rotela la salud de la juventud y bueno, tendrían que dejar de reportar programas vinculados a la juventud para que puedan tener el derecho a estudiar, a la recreación, al deporte, a que no tengan trabajos de porquería como tienen porque de Jujuy nueve de cada diez jóvenes tienen trabajo precario y si no trabajan tienen familias que tienen salarios de hambre, como está sucediendo en ese momento» concluyó Morales.
El fallo obliga al gobierno provincial no solo a devolver las tierras, sino también a reparar los daños ocasionados. Este hecho marca un precedente esperanzador para otras comunidades en conflicto y refuerza la lucha por el respeto a los derechos territoriales en Jujuy.
