La sentencia, considerada inédita en la provincia, marca un precedente en la lucha contra las estafas vinculadas a tierras fiscales. Más de 20 familias fueron damnificadas y el Estado ratificó su política de control, recuperación y regularización de terrenos.
La Justicia condenó a Julián A.F. Martínez a siete años de prisión efectiva por comercializar ilegalmente lotes fiscales en la ciudad de La Quiaca, en un fallo que representa un precedente histórico para la provincia de Jujuy. La sentencia se logró a partir de una denuncia impulsada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH), que aportó las pruebas necesarias para avanzar con la investigación y el posterior juicio abreviado.
El condenado fue hallado responsable de los delitos de estafa, fraude en perjuicio del Estado, falsificación de instrumento público y peculado, en una maniobra que afectó a más de veinte familias que fueron engañadas mediante la venta irregular de terrenos fiscales.
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Desde el Gobierno provincial destacaron que se trata de la primera condena con prisión efectiva obtenida por la comercialización ilegal de lotes fiscales, lo que fortalece las políticas públicas destinadas a proteger el acceso legítimo a la tierra y combatir este tipo de delitos.
La investigación se inició tras un operativo realizado por las áreas de Control y Recupero y de Regularización Dominial de la SECOTyH en La Quiaca, donde se detectó el accionar delictivo. Luego de la denuncia presentada por el organismo y el trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, el acusado fue detenido en marzo de este año y finalmente condenado.
El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda remarcó que la decisión judicial constituye un respaldo a las acciones de control y recupero de lotes fiscales que se desarrollan en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de garantizar transparencia en la administración de tierras y brindar seguridad jurídica a las familias.
En ese marco, la Secretaría informó que durante los últimos meses ya promovió cinco denuncias penales vinculadas con maniobras similares, las cuales continúan su trámite en la Justicia.
Asimismo, el organismo recordó que mantiene un trabajo permanente de asesoramiento a vecinos que denuncian ventas irregulares, usurpaciones u otras situaciones relacionadas con tierras fiscales, e instó a la comunidad a consultar únicamente por los canales oficiales antes de realizar cualquier operación, con el fin de evitar nuevas estafas y avanzar en los procesos de regularización dominial.
