Dos infractores deberán pagar cerca de 89 millones de pesos cada uno por la matanza ilegal de nueve vicuñas en Santa Catalina. La sanción es la más alta prevista por la legislación vigente.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, impuso la multa más alta registrada por caza furtiva de vicuñas en la provincia, en un hecho considerado histórico para la protección de la biodiversidad. Dos personas fueron sancionadas con una multa cercana a los 89 millones de pesos cada una por la matanza ilegal de nueve ejemplares de esta especie protegida en la zona de Pasaje Piscuno, localidad de Cieneguillas, departamento Santa Catalina.

La medida se tomó en el marco de la Ley Provincial N° 3014 de Protección de la Fauna Silvestre y de la Ley Nacional N° 22.421, normativas que prohíben la caza, captura y comercialización ilegal de especies protegidas. El monto de la multa fue calculado en función del daño ambiental ocasionado, estableciendo una penalización equivalente a 4.400 litros de combustible por cada animal cazado, lo que representa un total de 39.600 litros de nafta Infinia YPF por infractor.

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Además de la sanción económica, el caso ya cuenta con intervención judicial. El Ministerio Público de la Acusación y el Juzgado Ambiental dispusieron una condena de dos años de prisión de ejecución condicional para los responsables, junto con medidas complementarias orientadas a la reparación del daño causado y la concientización ambiental.

Desde el Ministerio de Ambiente destacaron que realizaron un seguimiento permanente de la causa y participaron activamente en las instancias judiciales correspondientes, reafirmando su rol como autoridad de aplicación en materia ambiental y su compromiso con la defensa de la fauna silvestre jujeña.

Asimismo, el organismo informó que continúa fortaleciendo su capacidad de intervención en causas ambientales y analiza la posibilidad de constituirse como querellante en delitos que afecten a la biodiversidad provincial.

Las autoridades recordaron que la vicuña es una especie emblemática y fundamental para el equilibrio de los ecosistemas altoandinos, protegida por legislación provincial, nacional e internacional. En ese sentido, remarcaron que la caza furtiva constituye una infracción grave y advirtieron que continuará siendo perseguida y sancionada con todo el peso de la ley para resguardar el patrimonio natural de los jujeños.