Editorial
En las últimas horas se conoció que la concejal libertaria Mónica Alaniz alquilaba un departamento y un local comercial en el centro de Perico donde funcionaba el Instituto de Inglés Magic, del que es directora y docente. Sobre esos inmuebles existiría una deuda millonaria y la negativa a devolver las llaves, pese a haberse comprometido a cancelar lo adeudado al asumir su cargo (hace más de dos meses).
Según los propietarios del edificio, el último acuerdo para restituir las llaves era el 5 de febrero. Ese día no se concretó ni la entrega ni el pago pendiente. Vecinos del lugar señalaron que se sienten engañados y evalúan iniciar acciones judiciales.
También trascendieron deudas con medios locales a los que se habrían prometido contratos tras asumir funciones, compromisos que no se cumplieron.
Hasta el momento no hubo pronunciamiento del Concejo Deliberante ni de organismos de control respecto de posibles incompatibilidades con la Ley de Ética Pública.
Ahora bien, una vez puestos los hechos sobre la mesa, vale preguntarse sobre los limites, ya que al parecer la edil, que tiene las mismas malas mañas que Demarco, piensa que tiene licencia para patear deudas, retener llaves ajenas y desaparecer cuando llega la hora de cumplir.
Y mientras tanto, nadie habla, nadie controla, nadie pregunta. Como si el cargo incluyera inmunidad inmobiliaria.
Si alguien que administra lo público no puede ordenar sus propios compromisos privados, la pregunta que surge es: ¿qué exactamente está administrando?
Porque los votos legitiman un cargo. No convierten deudas en detalles ni llaves retenidas en anécdotas.
Y por ahora, en esta historia, las respuestas siguen tan ausentes como las llaves.
