En el marco de la audiencia por la causa conocida como “Presos por tuitear”, que involucra a los docentes Nahuel Morandini y Roque Villegas, familiares y organizaciones volvieron a denunciar una persecución judicial sin sustento probatorio, atravesada por espionaje ilegal, irregularidades procesales y un uso político de la Justicia jujeña. Tras un cuarto intermedio, el juez Asef definirá este lunes a las 16 horas si la causa se eleva a juicio oral o si se dicta finalmente el sobreseimiento.
“Lo que estamos viendo nuevamente es un proceso judicial absolutamente injusto, diría que delirante”, afirmó Lucía Castro, pareja de Morandini, al comenzar la audiencia en el edificio judicial de calle Sánchez de Bustamante. “Es una causa bochornosa para la justicia jujeña y nacional, como ya lo han expresado distintos juristas”, agregó.
Castro recordó que el hostigamiento judicial se arrastra desde 2024 y que, pese a haber recuperado la libertad en febrero de 2023 tras una fuerte movilización social, la causa nunca se cerró. “Hoy estamos acá exigiendo el sobreseimiento, porque esta causa no tiene pies ni cabeza: no hay ningún delito imputable ni a Nahuel ni a Roque”, sostuvo.
Según relató, la audiencia se desarrolló de manera virtual para los imputados, con la presencia de sus defensas, la fiscalía y la querella. “Tenemos la expectativa de que el Ministerio Público desista de una acusación absolutamente delirante y que el juez ponga un poco de cordura”, expresó.
La pareja de Morandini también hizo hincapié en el impacto humano y psicológico del proceso judicial. “Dos años después es volver el tiempo atrás, volver a vivir el peor infierno que le tocó vivir a mis hijas”, dijo. “Cuando les dictaron la prisión preventiva por 60 días fue algo totalmente incomprensible, fuera de toda racionalidad”.
Castro denunció además prácticas que calificó como extorsivas y violatorias de derechos humanos. “Nahuel había entregado su celular, no investigaron nada. Lo tuvieron detenido, lo sometieron a tortura, y el fiscal Rondón pretendía extorsionarnos para que aceptemos una culpa de un delito inexistente y firmemos un juicio abreviado”, afirmó. “Eso le hubiera significado una condena sin haber hecho absolutamente nada fuera de la ley”.
Consultada sobre el trasfondo político de la causa, fue categórica: “Claramente esto fue por opinar sobre el poder político en Jujuy”. En ese sentido, contextualizó los hechos en el clima de conflictividad social durante la reforma constitucional impulsada por el exgobernador Gerardo Morales. “Necesitaban meter presa a dos personas para que todo el mundo se calle”, sostuvo.
La repercusión internacional del caso también fue mencionada. “Esto llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos reunimos con el relator de la ONU para el Cono Sur, Amnistía Internacional expresó su preocupación”, enumeró Castro. “Tuvimos que explicarle a un relator de Naciones Unidas un chiste, porque no podía comprender que alguien estuviera preso por eso”.
Finalmente, advirtió sobre el grave precedente institucional que implicaría avanzar hacia un juicio oral. “Este caso ya es estudiado como un ejemplo de coacción a la libertad de expresión”, señaló. “Si lo elevan a juicio, será un escándalo nacional. No vamos a seguir sometiéndonos a este maltrato en silencio”.
Con el expediente nuevamente en manos del juez, la definición prevista para el lunes se presenta como un momento clave no solo para Morandini y Villegas, sino también para el estado de la libertad de expresión y la calidad democrática en la provincia de Jujuy.
