La violación de ordenanzas departe de la Carpa ubicada en pleno casco céntrico de Ciudad Perico volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante, Mario Abraham (La Libertad Avanza), quien reconoció que las ordenanzas vigentes contemplan sanciones e incluso clausuras para eventos que incumplen normas de sonido y distancias mínimas, pero cuya aplicación depende del Ejecutivo municipal.
En diálogo con Sky FM 106.1, Abraham explicó que las últimas ordenanzas aprobadas establecen límites claros respecto al volumen de la música y la ubicación de los locales bailables. “Las dos últimas ordenanzas vigentes y la que se está trabajando también contemplan el artículo en el cual se debe tener primero el control sobre el sonido”, afirmó, señalando que los inspectores municipales “deberían contar con los decibelímetros correspondientes para poder garantizar que los BPI no excedan lo que exige la norma de seguridad e higiene”.
Según detalló, la normativa fija “120 BPI dentro de la pista y 50 BPI afuera”, y advirtió que, en caso de excederse esos límites, “se deberían tomar las acciones técnicas correspondientes para regular esto y, en caso de no entrar en rebeldía y no acomodar, se procederá a la contravención correspondiente”.
El presidente del Concejo fue más allá al reconocer que las ordenanzas también establecen restricciones claras sobre la ubicación de los locales nocturnos. “Todas las ordenanzas tienen el mismo artículo que dice que un local nocturno donde se desarrolla un baile o una carpa tiene que estar a 120 metros de cualquier edificio de culto público y médico”, explicó, incluyendo hospitales, salas, centros de jubilados y espacios de recuperación.
En ese sentido, Abraham admitió que estas condiciones “al momento de la habilitación se tendría que haber considerado”, y remarcó sin rodeos: “¿Es causal de multa? Lo es. ¿Es causal de clausura? Lo es”.
Pese a la gravedad de lo expuesto, el concejal deslizó que la responsabilidad recae en otra área del Estado municipal. “Creo que es función netamente del Ejecutivo regular esta actividad y garantizar a ambos el desarrollo con total normalidad”, sostuvo, aunque reconoció que la situación actual refleja una falla estructural: “En estas condiciones creo que estamos incurriendo en algo, en una desidia por parte del control y sobre todo por el respeto del prójimo”.
Finalmente, Abraham apeló al equilibrio de derechos, pero volvió a dejar en evidencia la ausencia de acciones concretas. “La libertad de uno termina donde empieza la del otro y así como la gente tiene derecho a divertirse, también tiene derecho a proclamar su fe y a desarrollar sus actividades normalmente”, expresó, subrayando que el problema “lo tiene que ver correctamente” el Ejecutivo y que “tendrían que hacer las actuaciones necesarias”.
Las declaraciones del propio presidente del Concejo Deliberante exponen así un escenario preocupante: reiteración de incumplimiento de ordenanzas, sanciones previstas y posibles clausuras, pero una marcada violación de normas que continúa generando conflictos y malestar en la comunidad periqueña.
