Más de 120 familias del Barrio Tupac, en La Ovejería, localidad perteneciente a Monterrico, se reunieron esta semana para pedir una audiencia urgente con las autoridades provinciales y evitar un posible desalojo. La comunidad, que habita el lugar desde hace una década, solicita la regularización de las tierras y asegura estar dispuesta a negociar de manera pacífica.
“Nosotros recibimos la notificación de desalojo el lunes 13 de septiembre, con una carátula como usurpadores”, explicó Andrea, vecina del barrio. “Hace diez años que vivimos acá y nunca hubo un acuerdo con el gobierno. Queremos arreglar, pero no pagar dos veces el terreno donde vivimos”, remarcó.
Las familias afirman haber presentado numerosas notas al Gobierno provincial y al Instituto de Vivienda, sin obtener hasta ahora una respuesta concreta. Según relatan, las autoridades sostienen que las tierras son privadas, aunque el barrio cuenta con servicios básicos como luz, agua y alumbrado público.
“No entendemos cómo el gobierno permitió que se construya y se instalen los servicios si el terreno era privado”, cuestionó Andrea. “Tenemos todo urbanizado y no queremos conflictos, solo una solución justa”, agregó.
La preocupación se profundizó en los últimos días. “Estamos todos asustados. Hay niños, hay jóvenes. Nadie del gobierno se acercó todavía”, lamentó la vecina, quien destacó que las familias continúan manifestándose pacíficamente, sin cortes ni protestas violentas.
Las 120 familias sostienen que no buscan quedarse gratuitamente con las tierras, sino acordar un plan de pago o regularización con el Estado. “Queremos pagar, pero una sola vez. No somos usurpadores, somos trabajadores que construimos nuestras casas con esfuerzo”, subrayó.
Finalmente, Andrea envió un mensaje directo al Ejecutivo provincial:
“Le pedimos al gobierno que se ponga la mano en el corazón. Somos 120 familias que queremos dialogar y encontrar una solución. No pedimos nada regalado, solo una respuesta concreta”.
La comunidad del Barrio Tupac de La Ovejería espera una audiencia con el Instituto de Vivienda y el Ministerio de Infraestructura, donde confían en poder avanzar en una solución que les permita seguir viviendo con tranquilidad y seguridad jurídica.
