Editorial
El caso de Matías Jurado, apodado “el machetero” por algunos medios, no es solo una historia policial. Es, quizás, el espejo más crudo de una provincia donde el Estado llega tarde —o no llega— y la marginalidad crece a la sombra del silencio oficial.
Todo estalló con el hallazgo de restos óseos en lo que rápidamente fue bautizada por la prensa como “la Casa del Horror”, ubicada en Alto Comedero, uno de los barrios más grandes y poblados de San Salvador de Jujuy. Las imágenes recorrieron medios nacionales e internacionales, pero para los vecinos no hubo sorpresa: hace años que viven entre el abandono, el miedo y la falta de respuestas.
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En algunas zonas del barrio, la infraestructura es casi inexistente. La inseguridad manda (como en toda la provincia) y el consumo problemático de sustancias es parte del paisaje cotidiano. Lo que en redes sociales escandaliza, en las calles se naturaliza. Y lo que debería alarmar, parece no importar.
Los videos donde se ve a Jurado blandiendo armas y amenazando a vecinos circularon ampliamente. Lo que no circuló fue la presencia de la Policía. ¿Se denunciaba? Sí. ¿Y qué hacía la fuerza? Buena pregunta. En un contexto donde la confianza en las instituciones está rota, la respuesta es tan evidente como incómoda: nada.
Lo más grave, sin embargo, es que Jurado tenía restricciones de libertad. El Estado lo sabía. También sabía que un menor convivía con él en un entorno violento. Recién después de que todo explotó, intervino la Secretaría de Niñez. Tarde. Como siempre.
Mientras tanto, se sigue negando que el consumo problemático de sustancias creció en toda la provincia, afectando no solo a personas aisladas, sino a familias enteras. Según informes oficiales —esos que casi nadie conoce o a los que pocos acceden—, la violencia intrafamiliar ha aumentado notablemente. Este año, en apenas 20 días, se registraron tres femicidios. Y dos maestras fallecieron por cuadros relacionados con el estrés laboral. Pero la legislatura, claro, sesionó apenas seis veces en lo que va del año. No hay apuro cuando la realidad está lejos de sus escritorios.
A esto se suma otro escándalo: la reciente renuncia del juez Matías Ustarez, titular del Juzgado Contravencional N°1, denunciado por el presunto desvío de 500 millones de pesos en concepto de multas. Un hecho de proporciones nacionales que, sin embargo, apenas fue registrado en la agenda mediática local. Este juzgado —y otros similares— ya había sido señalado por aplicar sanciones económicas desproporcionadas contra opositores políticos. ¿Justicia contravencional o simple recaudación y persecusión?
Por otro lado, los millones invertidos en cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo no evitaron el horror. Porque sin una política integral la tecnología es solo un decorado. Costoso, pero inútil.
El caso Jurado no es una excepción. Es la regla. La evidencia de que, en Jujuy, la vida humana se degrada mientras las instituciones miran para otro lado. Y cuando finalmente reaccionan, lo hacen para castigar con multas, perseguir opositores o justificar fracasos con comunicados vacíos.
Al final, la “Casa del Horror” no es una sola. Está en cada barrio donde el miedo manda, donde el consumo mata en silencio, y donde el Estado llega… cuando ya no queda nada por hacer.
