La directora de la emisora sampedreña, Juana Leiva, difundió un duro comunicado en el que cuestionó el allanamiento realizado por una denuncia contra la propietaria de una óptica. Denunció maltratos, intimidación a vecinos, intervención de Narcóticos y restricciones para comunicarse con su asesora legal. También advirtió sobre un posible intento de silenciar las denuncias periodísticas.
Un fuerte cuestionamiento al accionar policial y judicial se conoció en San Pedro de Jujuy luego de que FM La Roca 100.9 difundiera un comunicado institucional en el que denunció presuntos abusos de autoridad, humillaciones e intimidaciones durante un operativo realizado en sus instalaciones, en el marco de una investigación contra Cecilia Ramírez, propietaria de la óptica Valeriano Ramírez.
La directora general de la emisora, Juana Leiva, expresó su «más enérgico repudio» al procedimiento solicitado por el Ministerio Público de la Acusación y ordenado por la jueza Claudia del Rosario Moreno, a partir de una denuncia por presunto ejercicio ilegal de la medicina.
En el documento, la responsable del medio sostuvo que el operativo judicial «se convirtió en un verdadero acto de intimidación y abuso de autoridad» y puso en duda la proporcionalidad del despliegue policial, al señalar que durante la misma jornada se había realizado una actividad similar en Libertador General San Martín sin inconvenientes, mientras que por la tarde los efectivos intervinieron en las instalaciones de la radio.
Uno de los cuestionamientos más graves apunta al trato recibido por Ramírez y al procedimiento realizado sobre su vehículo. Según el comunicado, los efectivos dieron vuelta completamente el automóvil y convocaron a la división de Narcóticos, una intervención que Leiva calificó como un «exceso injustificable» para una causa vinculada a una óptica.
La directora también denunció que los efectivos habrían impedido el uso de teléfonos celulares y la comunicación con la asesora legal de la emisora. A esto sumó presuntas intimidaciones a vecinos que se encontraban en el lugar, quienes habrían sido presionados para responder determinadas preguntas y obligados a exhibir sus documentos de identidad.
Otro episodio señalado en el comunicado involucra a un ciudadano que, según la versión de la radio, terminó procesado por solicitar un inventario de los elementos secuestrados durante el procedimiento. Leiva consideró «indignante» que se persiga a un vecino por exigir una constancia que, según afirmó, estaba contemplada en la propia resolución judicial.
Asimismo, cuestionó que los efectivos no entregaran una copia de la orden de allanamiento hasta la finalización del operativo, situación que, de acuerdo con la denuncia institucional, habría impedido controlar adecuadamente el desarrollo del procedimiento.
«Buscan golpear a un medio independiente»
Más allá de las irregularidades denunciadas, FM La Roca vinculó el operativo con su actividad periodística y con las denuncias que sostiene desde sus micrófonos. «No buscan cuidar a la comunidad; buscan golpear a un medio independiente, silenciar nuestras denuncias periodísticas y manchar nuestro buen nombre y honor», manifestó Leiva.
La acusación instala un interrogante de gravedad sobre los límites del accionar estatal y las garantías que deben respetarse durante un procedimiento judicial, especialmente cuando se desarrolla en las instalaciones de un medio de comunicación.
Finalmente, la directora reclamó el esclarecimiento de los hechos, una investigación sobre el comportamiento de los efectivos y el respeto a la libertad de expresión. «No van a silenciarnos con operativos intimidatorios ni con montajes policiales», advirtió.
El comunicado concluyó con una defensa del trabajo comunitario de la emisora y de la actividad solidaria de Cecilia Ramírez: «Cuando el Estado abandona y la comunidad se organiza, la solidaridad no se criminaliza: se respeta».
Hasta el momento, las acusaciones sobre el procedimiento corresponden a la versión difundida por FM La Roca a través de su directora general. Los señalamientos sobre el accionar policial y judicial requieren el correspondiente esclarecimiento por parte de las autoridades competentes.

