El Gobierno de Javier Milei trasladó responsabilidades sanitarias a las provincias, redujo prestaciones y dejó de acompañar con recursos las obligaciones que deben afrontar las jurisdicciones. El vocero del Gobierno de Jujuy apuntó contra el ministro Mario Lugones: «Hay obligaciones, pero no mandan los recursos».

La grave situación quedó expuesta durante una reunión del sector sanitario, cuando el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, planteó que «la salud es responsabilidad de las provincias». El vocero del Gobierno de Jujuy aseguró: «Hay una transferencia de obligaciones, pero no mandan los recursos».

El funcionario en conferencia de prensa explicó que las jurisdicciones deben hacerse cargo de cada vez más prestaciones con los mismos presupuestos. «Las provincias cada vez se encargan de más cosas, pero con el mismo presupuesto anterior», señaló. También vinculó directamente esa política con el objetivo fiscal de la administración libertaria: «Hay una transferencia de recursos acá para sostener el déficit fiscal de la Nación muy grande y las provincias lo están sintiendo de esta manera».

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NO a la reforma laboral

Mencionó la falta de turnos, los paros médicos, las dificultades para internaciones y las cirugías que se postergan. En Jujuy, además, el Ministerio de Salud provincial informó un aumento del 40% en la atención de hospitales y centros de atención primaria, una demanda adicional que debe absorber el sistema público.

Tampoco hay respuestas a los reclamos institucionales. El funcionario indicó que los ministros provinciales realizaron seis o siete presentaciones conjuntas ante el Consejo Federal de Salud (COFESA), sin conseguir una respuesta favorable. «No solamente no se obtiene nada, sino que cada vez es menor la prestación de salud», advirtió. La próxima reunión del organismo volverá a tener como eje la falta de financiamiento y la reducción de prestaciones nacionales.

En el encuentro de la Confederación de Obras y Servicios Sociales Provinciales (COSSPRA) también surgieron cuestionamientos sobre el supuesto uso de las obras sociales provinciales como cajas políticas. El vocero rechazó las acusaciones generalizadas y sostuvo que, si existen pruebas de irregularidades, corresponde denunciarlas ante la Justicia. A su entender, esas imputaciones terminan desviando la discusión sobre el financiamiento y los problemas reales de las prestaciones.

El Gobierno libertario convirtió el equilibrio fiscal en su principal argumento político. En la salud pública, sin embargo, el resultado tiene otra traducción: menos participación nacional, más obligaciones provinciales y pacientes que encuentran cada vez más dificultades para recibir atención. Nación se corre, las provincias ponen la cara y la cuenta la pagan quienes necesitan un hospital.

Imagen:IA