La Carpa Russet acumula denuncias de vecinos y comerciantes. Pubs y restaurantes aseguran que pierde sentido pagar impuestos, sostener empleados y cumplir horarios cuando un evento concentra la actividad nocturna sin los mismos controles. Algunos empresarios ya evalúan llevar al Municipio a la Justicia.
En Perico, la noche tiene una curiosa distribución de obligaciones: unos pagan impuestos, otros pagan sueldos y todos tienen que cumplir horarios. Después está la Carpa Russet, alrededor de la cual se acumulan denuncias y preguntas que, hasta ahora, nadie parece apurado por contestar.
A los reclamos de vecinos e instituciones se sumaron propietarios de pubs, restaurantes y boliches. Denuncian que la carpa funciona fuera de la franja de 14 a 22 horas que, según sostienen, rige para este tipo de actividades en Jujuy. No discuten solamente el ruido ni el movimiento de gente. Ponen sobre la mesa algo bastante menos festivo: la sospecha de que en Perico las reglas se aplican según quién organiza el evento.
Los comerciantes tienen motivos para mirar de reojo. Mantienen locales abiertos durante todo el año, pagan tasas municipales, sostienen empleados y esperan las fiestas de fin de año y el carnaval para recuperar algo de lo invertido. Pero cuando abre la carpa, aseguran, las ventas caen y la clientela se muda de escenario. La competencia, dicen, no se juega en igualdad de condiciones.
«La carpa mata la nocturnidad porque nos perjudica a quienes trabajamos todo el año y esperamos esta etapa de fin de año», resumieron. No piden que bajen la persiana del predio. Reclaman que cumpla las mismas reglas que los demás. Una pretensión bastante modesta para una ciudad en la que, al parecer, la habilitación y los horarios pueden convertirse en asuntos negociables.
El malestar ya amenaza con salir del mostrador y entrar a los tribunales. Algunos propietarios analizan demandar al Municipio por presunta competencia desleal y daños y perjuicios. Son negocios que llevan décadas de actividad y que aseguran ver comprometida su inversión frente a eventos que, según denuncian, operan con ventajas que ellos no tienen.
La pelota también está en el Concejo Deliberante, donde debería discutirse una reglamentación para ordenar la actividad. Los comerciantes esperan que los concejales se ocupen del asunto y no dejen la regulación librada a los intereses de un sector cercano a la gestión municipal.
Aunque en el recinto hay otras prioridades. Mientras los negocios hacen cuentas para llegar a fin de mes y sus empleados dependen de que la temporada funcione, en el Concejo se discute un receso de cuatro meses con sueldos millonarios. Cuatro meses de descanso institucional pueden parecer bastante tiempo para quienes viven de la política; para el comerciante que paga alquileres, impuestos y salarios, la temporada no espera.

